LA CORRUPCIÓN, UN MAL DE TODOS, UNA PRÁCTICA DE TODOS
La corrupción como fenómeno representa uno de los principales obstáculos para la consolidación política, económica y social de México. Las medidas que se han implementado a nivel federal no han servido para abatir los índices de incidencia ni de percepción del mismo. En este artículo se propone utilizar una figura de naturaleza fiscal, la discrepancia, como medida adicional para abatir la impunidad y por ende la ocurrencia de los hechos de corrupción
INTRODUCCIÓN.
El sistema político mexicano se ha liberalizado, en mayor o menor medida, trayendo entre muchas otras consecuencias la ubicación del tema del combate a la corrupción en un lugar prioritario, al menos en lo discursivo, de la plataforma política de todos los partidos nacionales con registro. Se ha realizado una respetable cantidad de estudios financiados por los sectores público y privado por igual y hasta han surgido instituciones especializadas en el estudio del fenómeno y la difusión de sus conclusiones.
Todo ello parece no impactar en sentido positivo las estadísticas en torno al fenómeno ni la percepción de propios y extraños.
Todo ello parece no impactar en sentido positivo las estadísticas en torno al fenómeno ni la percepción de propios y extraños.
La indispensable tutela de los derechos fundamentales, el sistema jurídico mexicano en lo general y los cada vez más sofisticados mecanismos de corrupción han generado que no sean pocos los casos en los que la impunidad triunfe ante la falta de herramientas efectivas para castigar a los involucrados en tan nociva conducta.
Este documento propone la utilización sistemática y racional de una figura vigente en la legislación como mecanismo para bajar los índices de impunidad en torno a la corrupción, particularmente en los casos de personas que no obstante formalmente han superado las medidas normales de prevención y combate a la corrupción
Este documento propone la utilización sistemática y racional de una figura vigente en la legislación como mecanismo para bajar los índices de impunidad en torno a la corrupción, particularmente en los casos de personas que no obstante formalmente han superado las medidas normales de prevención y combate a la corrupción
LA CORRUPCIÓN.
Una definición que resulta útil para los efectos de este argumento es la propuesta por Vázquez Repizo quien propone que "la corrupción es la ejecución de transacciones voluntarias e ilegales entre dos partes (el interesado o sobornador y su cliente o sobornado) con un efecto perjudicial para un tercero (pudiendo ser la administración o la ley), donde el agente corrupto busca, por lo general, un provecho económico."
Existen también en el ámbito normativo, tanto nacional como internacional instrumentos que delimitan para efectos prácticos a las conductas consideradas como corruptas.
La voluntad política, la presión social, el derecho interno y los instrumentos internacionales suscritos por México han provocado que con el paso del tiempo se hayan instaurado mecanismos, preventivos y correctivos, que giran en torno principalmente a tres aspectos fundamentales; la evolución patrimonial de los servidores públicos, el control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos y la simplificación y automatización de trámites.
En todos los casos la efectividad, según los estudios independientes citados, pareciera ser marginal. De entre tales medidas se enuncian, por su relevancia, las siguientes:
En todos los casos la efectividad, según los estudios independientes citados, pareciera ser marginal. De entre tales medidas se enuncian, por su relevancia, las siguientes:
a) Declaración de situación patrimonial de los servidores públicos.-
Con la finalidad de supervisar que la evolución patrimonial del los servidores públicos sea acorde con su nivel de ingreso, es la información que están obligados a presentar con fundamento en el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, bajo protesta de decir verdad, los servidores públicos respecto de la situación de su patrimonio, a través del sistema declaraNET Plus que tiene en operación la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.
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